La Clarity Act se atasca en el Senado por el choque en torno a las cláusulas de ética

Autor | Azuma (@azuma_eth) Al Congreso de EE. UU. le quedan pocos días hábiles antes del receso de verano —previsto a partir del 7 de agosto— y al Digital Asset Market Structure Act (en adelante, la Clarity Act) se le agota el tiempo para superar el trámite del Senado. La semana pasada, la Casa Blanca aceptó incorporar una "cláusula de ética" para limitar que el presidente, el vicepresidente, los miembros del Congreso y otros altos cargos federales obtengan beneficios de los activos digitales durante su mandato. El mercado interpretó el gesto como una señal de que Trump y los republicanos estaban dispuestos a ceder para cerrar el último gran punto de fricción con los demócratas: la ética. La publicación del texto detallado de enmiendas ha enfriado esa lectura. Alex Thorn, responsable de investigación en Galaxy, escribió el fin de semana que la Clarity Act ha llegado a la "línea de una yarda": el último tramo suele ser el más difícil. Con el calendario en contra y el rechazo demócrata a la redacción actual de las medidas éticas, Thorn sitúa en el 30% la probabilidad de que la ley llegue a promulgarse en 2026. Thorn añade que persisten desacuerdos en otros frentes: protecciones a desarrolladores, límites regulatorios de DeFi, restricciones al rendimiento de las stablecoins, mecanismos de registro ante la CFTC y nuevas disposiciones de cumplimiento. Aun así, en el consenso de mercado el principal bloqueo sigue concentrándose en la arquitectura ética, pese a haber sido presentada inicialmente como una concesión. Según el texto consolidado más reciente del Senado, la Clarity Act suma 616 páginas. Las nuevas provisiones éticas buscan restringir la participación del presidente, el vicepresidente, los congresistas y otros altos funcionarios federales en actividades vinculadas a activos digitales. Prohíben a esos cargos y a sus cónyuges emitir o promocionar activos digitales durante el mandato, limitan la cotización de activos relacionados en plataformas reguladas, exigen la declaración de intereses e incorporan mecanismos de "blind trust". El Departamento de Justicia (DOJ) queda como autoridad de ejecución y las medidas caducarían automáticamente el 20 de enero de 2029, tras el fin del mandato de Trump. Ahí se concentra la crítica demócrata. Primero, cuestionan que el DOJ sea el único organismo encargado de hacer cumplir la norma por falta de independencia. Al formar parte del poder ejecutivo, y con Todd Blanche como fiscal general en funciones —exabogado personal de Donald Trump—, consideran dudosa la eficacia del control interno si el investigado es el propio presidente u otros altos cargos. Por ello, piden trasladar la autoridad de ejecución a varios fiscales generales. Segundo, rechazan la cláusula de caducidad en 2029. A su juicio, fijar el vencimiento justo al término del mandato de Trump implicaría que, una vez fuera del cargo, sus sucesores no tendrían base legal para investigar conductas pasadas. Si el objetivo es un marco regulatorio de largo plazo, sostienen, los estándares éticos deben quedar institucionalizados de forma permanente. Además, advierten de que el perímetro de las restricciones sería insuficiente. El texto se centra en la emisión o promoción directa de activos digitales, pero no delimita con claridad la obtención de beneficios a través de empresas vinculadas, familiares u otros canales indirectos, un punto sensible dada la implicación de varios de los hijos de Trump en el sector cripto. La senadora Elizabeth Warren, crítica histórica del proyecto, emitió la semana pasada una declaración formal contra el esquema de "solo ejecución por el DOJ" y afirmó que la ley "debería ser vetada al llegar". Más relevante para el recuento de votos fue el comunicado conjunto de siete demócratas que negocian con los republicanos —Mark Warner, Angela Alsobrooks, Cory Booker, Catherine Cortez Masto, Ruben Gallego, John Hickenlooper y Raphael Warnock—, en el que señalaron que el texto actual "no cumple las expectativas". En el bando republicano no se perciben nuevas cesiones pese a la presión demócrata. Patrick Witt, director ejecutivo del White House Digital Assets Advisory Council, defendió que el presidente ya ha hecho concesiones "históricas" y reprochó que los demócratas sigan insatisfechos: "No se pueden batear dos jonrones con un solo swing". El margen legislativo se estrecha. De madrugada, el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, indicó que la Clarity Act quedará temporalmente en pausa para priorizar la confirmación de nominados del Gobierno y la ley de sanciones a Rusia. Además, el Senado dedicará el martes y el miércoles de esta semana al funeral del fallecido senador Lindsey Graham. Con ello, la ventana para impulsar la Clarity Act antes del receso se reduce aún más. Las expectativas del mercado apuntan a que la votación podría retrasarse hasta la próxima semana, en los últimos días antes de que el Senado suspenda sesiones. La exsenadora Anne Kelley escribió hoy en X que, según las reglas del Senado, una vez se activa una moción de cierre de debate (cloture) sobre una ley controvertida y de gran calado, esa ley pasa a ser la prioridad absoluta. En la práctica, el Senado no puede avanzar otro gran proyecto conflictivo hasta considerar enmiendas, invocar de nuevo el cloture y agotar hasta 30 horas de debate formal. Esto obliga a la Clarity Act no solo a resolver sus propias discrepancias a contrarreloj, sino también a disputar el escaso tiempo de votación con otras iniciativas polémicas, como la ley de sanciones a Rusia, la ley presupuestaria y la SAVE Act. Por eso, aunque al principio se descontaba una aprobación antes del receso, cada vez más observadores en Washington rebajan sus previsiones. Para la industria cripto, el pulso legislativo entra en su tramo final. El marco regulatorio está a un paso de materializarse; si ese último paso se da en los próximos días o se pospone a un futuro incierto se sabrá pronto.