Un grupo policial de EEUU retira su oposición a la Ley CLARITY mientras se reducen las opciones de aprobación en el Senado

La Major County Sheriffs of America (MCSA) ha anunciado que pasa a mantener una posición neutral respecto a la Ley CLARITY, después de conversaciones con la Administración que, según la organización, aportan más claridad sobre el principal punto de fricción. La MCSA, que representa a oficinas de "sheriff" en condados con al menos 500.000 habitantes, había enviado el 14 de mayo una carta al Senado en la que se oponía a la Sección 604 del texto, conocida como Blockchain Regulatory Certainty Act. Ese apartado establece que los desarrolladores no custodios no quedan sujetos a las normas de transmisión de dinero si no mantienen fondos de clientes. La industria cripto respalda esta interpretación, mientras que varios grupos de fuerzas del orden habían advertido de que podría facilitar actividades ilícitas con criptoactivos. Ahora, la MCSA afirma que adopta una postura neutral sobre dicha sección y que quiere trabajar con el Congreso y la Administración para introducir mejoras. Entre sus peticiones, solicita que el Congreso formalice el papel de los gobiernos estatales y locales en el estudio del Tesoro previsto en la Sección 309. También reclama formación y tecnología para reforzar sus capacidades bajo la futura norma, alegando que los organismos locales asumen la mayor parte de los delitos relacionados con activos digitales. En paralelo, la National Organization of Black Law Enforcement Executives (NOBLE) ya ha expresado su apoyo a la Ley CLARITY, convirtiéndose en el primer grupo de fuerzas del orden en hacerlo. NOBLE sostiene que las disposiciones del proyecto aportarían nuevas capacidades a la aplicación de la ley y responde a las preocupaciones de otros colectivos al subrayar que la norma "no altera las autoridades penales federales de larga data en las que investigadores y fiscales confían a diario". El cambio de postura en el ámbito policial supone un avance para los promotores del texto, al reducir las reticencias de algunos senadores sobre el posicionamiento de las fuerzas del orden. Aun así, la tramitación sigue encontrando obstáculos y quedan asuntos sensibles sin resolver. El foco más delicado es el marco ético y las medidas para evitar que cargos electos y sus familias se beneficien del negocio cripto. La senadora demócrata Kirsten Gillibrand, una de las principales impulsoras del proyecto, ha reclamado prohibir que cargos electos y sus patrocinadores emitan y promocionen tokens. Intensificó esa exigencia tras un informe reciente de Bloomberg que señala que el presidente Donald Trump ganó más de 1.200 millones de dólares con cripto en 2025. Gillibrand pide que la prohibición incluya también las memecoins: "Es un requisito de sentido común que debería reunir un amplio apoyo bipartidista: los funcionarios públicos y sus cónyuges no deberían estar emitiendo memecoins", afirmó. Con el receso de agosto cada vez más cerca y asuntos pendientes aún abiertos, varios expertos consideran que se han reducido las probabilidades de que la Ley CLARITY salga adelante. Investigadores de Galaxy Digital recortaron al 50% la probabilidad de aprobación este año, citando el escaso margen de tiempo.