Un grupo bancario de EE. UU. rechaza la aprobación de la licencia fiduciaria de Coinbase por riesgos regulatorios y para el consumidor
La expansión de Coinbase hacia el negocio bancario ha reavivado la fricción regulatoria en Estados Unidos. La Independent Community Bankers of America (ICBA) cuestionó la aprobación condicionada concedida por la Office of the Comptroller of the Currency (OCC) a Coinbase National Trust Company y advirtió de posibles riesgos para los consumidores y de carencias de supervisión.
La OCC otorgó la aprobación el 2 de abril, tras la solicitud presentada por la plataforma de criptomonedas el 3 de octubre de 2025. La presidenta y consejera delegada de la ICBA, Rebeca Romero Rainey, sostuvo que la decisión "es un grave error" y que "solo servirá para poner en riesgo a los consumidores estadounidenses". Según la asociación, la solicitud no cumpliría los requisitos de la National Bank Act ni las propias normas y estándares del supervisor. También reiteró sus críticas a la regla de la OCC para autorizar bancos fiduciarios nacionales, al considerar que no encaja con su mandato legal y choca con antecedentes legislativos, interpretaciones judiciales y precedentes internos del organismo.
El plan de Coinbase prevé constituir Coinbase National Trust Company como un banco fiduciario nacional no asegurado con sede en Nueva York, íntegramente controlado por Coinbase Global Inc. La propuesta se centra en la custodia institucional, la integración con la operativa de trading y la prestación de servicios fiduciarios en activos digitales. Incluye un modelo de gobierno con consejo y equipo directivo, además de marcos de gestión del riesgo orientados a cumplimiento, seguridad y controles contra el blanqueo de capitales. El proyecto también plantea una prestación de servicios a escala nacional, exclusivamente digital, dirigida a clientes institucionales y sin red de oficinas.
En su carta, la ICBA señaló debilidades operativas, como controles de riesgo deficientes, una perspectiva de rentabilidad limitada y asuntos no resueltos sobre planificación de resolución. A su juicio, estos elementos reflejan fragilidades estructurales en el diseño del banco fiduciario propuesto. La asociación también alertó de que ampliar facultades fiduciarias no estrictamente vinculadas a funciones fiduciarias podría exceder la autoridad regulatoria y añadir incertidumbre a la supervisión financiera.
El grupo bancario enmarcó el aumento de solicitudes de entidades no bancarias como un intento de acceder a las ventajas de una licencia sin asumir todas las obligaciones regulatorias. En su opinión, esta dinámica puede erosionar la consistencia supervisora y generar estándares desiguales entre instituciones financieras.
La ICBA criticó además que se permita a bancos fiduciarios nacionales no asegurados realizar actividades vinculadas a criptomonedas sin requisitos prudenciales más estrictos, lo que, según su valoración, elude salvaguardas aplicables a la banca tradicional y abre un debate de política pública. La asociación pidió retirar o modificar la regla de autorización para alinearla con la autoridad legal y los precedentes establecidos, y aseguró que seguirá trabajando con los responsables políticos para reforzar la claridad de la supervisión y preservar la estabilidad del sistema financiero.
